Escuela de Historia

Compartimos el Programa de las V Jornadas Taller de Trabajo Final de Licenciatura/Seminarios que tendrán lugar en nuestra Escuela el jueves 29 y el viernes 30 de junio. Al finalizar las mismas comenzaremos el festejo del Día del Historiador

Programa V Jornada TFLS

Uno de los tantos documentos que dan cuenta del hermoso Festejo del Día del Historiador/a en la Plaza seca “25 de agosto”, ubicada al lado de la Escuela de Historia

Compartimos la publicación digital de las Actas de las IV Jornadas Taller de Trabajo Final de Licenciatura (TFL)/ Seminarios en Historia Cuestiones teórico-metodológicas y procesos de investigación, realizadas durante el año 2016

Editores:

Marta Philp, Directora de la Escuela de Historia

Paula García Schneider, Coordinadora de PAMEG – Egreso María Dolores Rivero, Coordinadora Alterna de PAMEG – Egreso

Denise Reyna Berrotarán, Adscripta de PAMEG – Egreso Micaela González Valdés, Ayudante Alumna de PAMEG – Egreso Laura Catena, Ayudante Alumna de PAMEG – Egreso

Los trabajos publicados son los siguientes:

Breve aproximación sobre la pedagogía de la memoria desde las prácticas en los Espacios para la Memoria. Avendaño, Lucia; Boccetti, Fátima; Molina, Romina

Una aproximación histórico-conceptual a la crisis del neoliberalismo en Sudamérica. Rhó, María Gabriela

El arte callejero, una forma de hacer política en Córdoba en la última década del Siglo XX. Avendaño, Lucía; Molina, Romina Beatriz

República Dominicana frente a la presencia haitiana: la reconfiguración del antihaitianismo en las décadas recientes (1986-2013). González Valdés, Micaela

Las élites políticas cordobesas y los debates en torno a legislación laboral. 1917-1922. Melina Andrea Chiaramonte Costanzo

Sujetos subalternos y pasados coloniales y Poscoloniales Derrotero de las huestes invasoras en Tucumán, 1535-1600. Una prosopografía del movimiento. Plomer, Florencia

Milicias y grupos subalternos en la América colonial. El impacto de las Reformas borbónicas. Facetti, Franco

Cruces andinas: hibridación y dominación cultural en el Corpus Christi cuzqueño (siglo XVIXVII). Franco, Francisco; Fiorani, Agustina

Sociedades de frontera y estrategias interétnicas. El caso de la frontera este de la jurisdicción de Córdoba del Tucumán (1720-1740). Moyano, María de la Paz

Estudios etnohistóricos: escala local, regional y Estado en los trabajos de John V. Murra (1955) y Martti Parssinen (1992). Fantin, Juan Ignacio

Comentario sobre Problemas de la poética de Dostoievsky de Mijaíl Batjin y posibles modos de aplicación de sus conceptos en el trabajo con documentos coloniales. Dalmasso, Sofía

La producción del espacio en Córdoba 1585-1620. Suyay, Valentina

Sociedades indígenas del Valle de Soto, Salsacate y Traslasierra. Ochoa, Carolina

La integración de los indios calchaquíes a las encomiendas cordobesas a fines del siglo XVII. Análisis de caso: pueblos de indios de San Marcos, Los Ranchos y La Toma. Zelada, Virginia

Vías de interacción interregional en Anfama. Un abordaje desde la arqueología simétrica. Dana Carrasco

http://www.ffyh.unc.edu.ar/editorial/wp-content/uploads/2013/05/ACTAS_CUARTAS_JORNADAS_HIS.pdf

Compartimos la declaración Por la memoria, la verdad y la justicia: No al 2×1 a genocidas, aprobada por el Consejo de la Escuela de Historia en su sesión ordinaria del 8 de mayo

En nuestro país, la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia surgió de las propias fauces de la última dictadura cívico militar, la más feroz de su historia contemporánea. En ella, al igual que en otras dictaduras de la región, la aplicación de un plan sistemático de exterminio de las militancias políticas (en sus variadas expresiones, ámbitos y pluralidades ideológicas) se acompañó del inicio del desguace del estado en su faz distributiva, de la implementación de un régimen de acumulación basado en la valorización del capital financiero, de la pérdida de participación de lxs trabajadorxs en el salario y en política nacional, del fenomenal aumento de la deuda externa, de la represión a la cultura, la ciencia y la educación y de la estigmatización del compromiso político. El terror de estado se convirtió, entonces, en la condición de posibilidad para la radical transformación de un orden que concentrara los privilegios y beneficios tanto en las fuerzas armadas como en los apoyos civiles que fueron corresponsables y cómplices del exterminio clandestino de miles de compatriotas. En ese marco, fue precisamente el Movimiento de Derechos Humanos, entendido como el conjunto de agrupaciones nuevas y viejas -así como sus redes solidarias dentro y fuera del país que se congregaron en la lucha antidictatorial- un actor principalísimo entre quienes se opusieron a la negación, el silencio y la omnipotencia de los genocidas. Cuando se recuperó la democracia, los derechos humanos se habían convertido en una causa común. La lucha por los desaparecidos, la búsqueda de los nietos apropiados, de justicia para los asesinados, de retorno para los exiliados y la demanda de libertad a los presos políticos se fueron convirtiendo en una experiencia política central para quienes veían en la democracia la condición ineludible para que esas demandas se cumplieran. Pero no fue fácil, ni inmediato. Los avances en la verdad y los más menguados en el plano de la justicia, la inexistencia de una amnistía para los presos y la imposibilidad de recuperar inmediatamente a todos los nietos fueron los nuevos desafíos a los que esta sociedad se enfrentó, acrecentados por las leyes de impunidad que pusieron un blindaje institucional a las demandas. Ni siquiera entonces el reclamo se acalló. La lucha continuó y sumó a nuevas generaciones que entendieron que la impunidad en los crímenes de lesa humanidad desencadenaba nuevas impunidades. Por ello, desde entonces, la lucha por la verdad, la memoria y la justicia ha sido una bandera inclaudicable que, iniciada por el MDH, ha sido tomada, resignificada y sostenida por la mayoría de las generaciones argentinas, independientemente de los proyectos políticos, los modos de pensar y habitar el mundo y de las genealogías que cada grupo construye respecto de ese pasado presente. Esa lucha que no cesa ni cesará jamás, surgida en la sociedad y acompañada por las políticas de memoria, ha logrado sólo recientemente, (re)encarcelar a los represores, a través de procesos judiciales que son modélicos para la lucha mundial contra la impunidad. Así, por ejemplo, en Córdoba, el multitudinario acto que acompañó la sentencia del 25 de agosto de 2016 y la asistencia récord a la última marcha del 24 de marzo demuestran la afirmación y sedimentación de ese consenso antidictatorial y opuesto a la existencia de un estado criminal. En contraposición, la medida de la corte se entiende en un cambio de orientación general que desanda ese consenso, desacreditando los avances construidos en derechos humanos. Por lo anterior, y como profesionales de la Historia, integrantes de una comunidad afectada por la dictadura, este Consejo de la Escuela de Historia repudia enérgicamente la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia que avaló la aplicación inédita del “2×1” en las penas por delitos de lesa humanidad y exige la anulación de este beneficio, porque no se puede devolver la mitad del miedo, del dolor, de la tortura, de las vidas truncadas, de las identidades apropiadas, de las esperanzas robadas. Convocamos a la comunidad de la Escuela a la marcha en repudio del “2×1” el miércoles 10 de mayo a las 18 hs. junto a los organismos y la ciudadanía cordobesa.

Los invitamos a participar en las V Jornadas Taller de Trabajo Final de Licenciatura y Semianrios a realizarse los días 29 y 30 de junio de 2017

V Jornada TFL. Primera Circular

A partir del 3 de mayo estarán habilitadas en el Sistema Guaraní, ingresando con tu USUARIO y CONTRASEÑA a https://guarani.unc.edu.ar/filosofia/, las encuestas sobre desempeño docente del segundo cuatrimestre de 2016 y el Curso de Nivelación de 2017.

Las encuestas están dirigidas a TODOS los estudiantes INSCRIPTOS en las materias del segundo cuatrimestre del año pasado y del Curso de Nivelación 2017 de las carreras de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y son un instrumento para el proceso de evaluación de desempeño docente, es decir que la opinión de los estudiantes a través de la encuesta es considerada por los comités evaluadores de carrera docente.

Los estudiantes deberán responder –de manera anónima- sobre el desempeño docente de los profesores titulares, adjuntos y asistentes. Las preguntas indagan en diversos aspectos de la labor del docente, como la preparación de las clases, la bibliografía, las formas de participación, la puntualidad, las actividades de apoyo, los criterios de evaluación de la materia. Además, los docentes no tienen acceso a cada encuesta, sino que la información será procesada estadísticamente.

Las encuestas de las materias del primer cuatrimestre del año 2017, estarán disponibles a partir de julio del corriente año.

[02/05/2017]

https://www.ffyh.unc.edu.ar/content/encuesta-estudiantes-sobre-desempe%C3%B1o-docente-0

Olimpíadas de Historia de Córdoba 2017

Invitamos a los alumnos del Profesorado de la Escuela de Historia a participar en una jornada informativa sobre las Olimpíadas de Historia de Córdoba 2017 organizadas por la Dirección General de Programas Especiales del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba

Dicha Jornada está destinada a  estudiantes y docentes tutores (egresados y adscriptos de la Escuela de Historia)

Lugar y fecha: Pabellón España. Viernes 12/05 a las 18 Hs

La Olimpíada de Historia de Córdoba- Nivel Superior tiene como objetivos fundamentales:

– Introducir a futuros docentes del espacio curricular Historia en el ejercicio de formulación de

problemas de investigación, desde una posición de especialistas y no desde el sentido común.

– Promover, a modo de práctica, el ejercicio de investigación, la reflexión de la construcción teórica del hacer empírico, desde una perspectiva multidisciplinar.

– Repensar y reflexionar críticamente sobre las formas en qué se enseña, evalúa, aprende la Historia en el nivel medio.

Los destinatarios de la Olimpiada de Historia de Córdoba son los futuros formadores de 2°, 3° y 4° año de los profesorados en Historia. Pueden participar el total de alumnos interesados por institución. La participación puede ser individual o en equipos, no teniendo éstos más de tres (3) integrantes cada uno.

Para más información:

http://olimpiadadehistoriacordoba.blogspot.com.ar/2017/03/olimpiada-de-historia-de-cordoba-nivel.html

Compartimos el documento elaborado por el Colectivo de historia reciente, integrado por docentes e investigadores de diversas Universidades nacionales

En la Argentina se ha establecido fehacientemente, como resultado de la lucha del movimiento de derechos humanos, de la acción de la justicia, de las políticas públicas de distintos gobiernos constitucionales y de la investigación académica, la trágica singularidad de los crímenes cometidos por la última dictadura militar, que procuró eliminar toda forma de la disidencia política con el orden social establecido.
Eliminar la disidencia política significó la voluntad de exterminar —a través del asesinato, la desaparición, la cárcel o el exilio—toda palabra, actitud o gesto críticos sobre las desigualdades sociales existentes y que propusiera su transformación a través de diferentes vías. Las políticas de exterminio abarcaron a un amplio conjunto de activistas y militantes, y no se ciñeron a los miembros de organizaciones armadas.
Esa política de exterminio se ejecutó por medio de un plan sistemático que involucró un modo represivo (el secuestro y tortura, los asesinatos clandestinos, la desaparición forzada y la apropiación de niños y niñas) de alcances inéditos por su profundidad en la fractura y reconfiguración de los más básicos vínculos sociales. Si bien existieron grados relativos de autonomía en los modos específicos en que cada fuerza en cada región llevó a cabo las acciones represivas, resulta indudable el carácter centralizado del extenso plan represivo que asoló a la Argentina en los años dictatoriales. La violencia extrema, la deshumanización de las víctimas, la generación de un clima de terror extendido, fueron todos aspectos de un mismo dispositivo represivo que se autojustificaba en la supuesta existencia de una “guerra sucia” o antisubversiva.
El carácter regional de las prácticas represivas implementadas a través del “Plan Cóndor” demuestra claramente que el objetivo era la supresión de una cultura política radicalizada y de un estado de movilización social que comprendía pero excedía ampliamente a los grupos guerrilleros, y que buscaba el disciplinamiento de los movimientos populares en la Argentina, pero también en el resto del Cono Sur.
Ese crimen no ha cesado, en la medida en que los represores guardaron silencio (incluso cuando las “leyes del perdón” los eximían de persecución legal), y siguen haciéndolo, sobre el destino de centenares de niños, ahora adultos, apropiados violentamente, ni tampoco han dado informaciones relativas al paradero de los miles de asesinados y desaparecidos. Tanto la negativa a brindar informaciones o documentación, como el silencio mantenido aún hoy día por los represores, prolongan la violencia ejercida hace cuatro décadas, ya que —como en toda política de exterminio—el borramiento de sus huellas forma parte de las políticas criminales.
Este conocimiento acumulado y probado durante varias décadas no ha dejado de recibir, desde diciembre de 2015, las más diversas formas de descalificación, negación o relativización por parte de importantes funcionarios del nuevo gobierno. A su vez, esto facilitó la emergencia de voces que a través de distintos medios defienden y reivindican el terrorismo de estado.
El cuestionamiento de la cifra de 30.000 desaparecidos y la idea de que ese número es un mero ardid se articula con la afirmación por parte de funcionarios del gobierno en actividad acerca de la inexistencia de un plan sistemático represivo. Es decir, estas afirmaciones no buscan convocar a la investigación académica, sino que forman parte de una estrategia destinada a relativizar el crimen y normalizar aquella experiencia histórica, de manera de diluir su especificidad y ocultar con ello las responsabilidades criminales, políticas y judiciales de sus impulsores, ejecutores y cómplices. Son las Fuerzas Armadas y de seguridad las que deben entregar esa información, y es el Estado el que debe arbitrar todos los medios para que la lista completa de asesinados y desaparecidos se torne pública.
A ello se suma una marcada banalización del discurso sobre la historia reciente, expresado en las respuestas del presidente Macri sobre la cantidad de desaparecidos, el recurrente llamado a mirar hacia el futuro dejando atrás un pasado al que consideran un lastre, o el desprecio por la cuestión, evidenciado en frases como “el curro de los derechos humanos”. En el marco de declaraciones y gestos gubernamentales signados por la ¿ignorancia? sobre los aspectos más elementales de la historia argentina y el desinterés por su conocimiento, esta banalización busca cerrar los debates sobre el terrorismo de Estado, dejando en penumbras, entre otros factores, las responsabilidades de otros actores civiles (económicos, eclesiásticos, sindicales, intelectuales, etc.) en el proceso histórico abierto en 1976, y que aún no se han esclarecido en plenitud.
Expresiones como la del ministro de Cultura Pablo Avelluto, cuando sostiene que el actual gobierno se ocupa “de los derechos humanos de los vivos”, son terminantemente desmentidas por las propias acciones gubernamentales: la detención ilegal de Milagro Sala y otros activistas en Jujuy y el consecuente desconocimiento de las resoluciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenaron su liberación inmediata; el decreto presidencial que desconoce la ley migratoria vigente y viola el debido proceso, el cual ya ha sido objetado por la CIDH; la intención de bajar la edad de imputabilidad para delitos comunes, vulnerando tratados internacionales de los que la Argentina forma parte; la “cacería” represiva que tuviera lugar en la movilización de las mujeres el pasado 8 de marzo; la búsqueda constante por criminalizar la protesta social y limitar los derechos de los trabajadores; la descalificación trivial y provocativa de la movilización de centenares de miles de personas en ocasión de la conmemoración del 41º Aniversario del golpe de Estado de 1976, la omisión de las obligaciones legales del gobierno —como en la negativa a convocar la paritaria nacional docente— son sólo algunos de los muchos casos que refutan aquellas expresiones.
Precisamente en este marco, desde su asunción, el gobierno de Mauricio Macri ha desplegado una serie de medidas que, miradas en conjunto, constituyen una política estratégica de desarticulación de las instancias que han posibilitado el conocimiento fundado y preciso de las prácticas represivas y de las luchas populares de la historia reciente de nuestro país. De tal modo, el desmantelamiento total o parcial de áreas que investigaban las responsabilidades corporativas en los crímenes dictatoriales y que aportaban pruebas a los juicios y/o asistían a las víctimas —como el Grupo Especial de Relevamiento Documental, los Equipos de Relevamiento y Análisis de los Archivos de las Fuerzas Armadas, el Programa Verdad y Justicia, el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa, la Subgerencia de Promoción de los Derechos Humanos del Banco Central, la asignación de personal militar para dirigir el Programa Nacional de Protección de Testigos— han ido a la par con la limitación de los programas destinados a la difusión y reflexión sobre el terrorismo de Estado en instituciones educativas y de la sociedad civil, como el Programa Educación y Memoria del Ministerio de Educación de la Nación, la Red Nacional de Educación y Memoria y los diversos programas provinciales que conformaban parte de la misma.

Los abajo firmantes, profesores, investigadores y estudiantes de distintos campos de las ciencias sociales y las humanidades, reiteramos nuestro compromiso con las banderas de Memoria, Verdad y Justicia, y expresamos nuestro repudio frente a las declaraciones negacionistas y relativizadoras emitidas por diversos funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. Estas expresiones acompañan el desmantelamiento de las políticas públicas que contribuyeron a la construcción de un conocimiento basado en pruebas irrefutables sobre el pasado reciente, a su difusión y a la consecución de juicios contra los responsables y ejecutores del terrorismo de Estado.
1. Roberto Pittaluga (UNLPam/UNLP/UBA);
2. Emilio Crenzel (CONICET-UBA);
3. Emmanuel Kahan (CONICET-IDIHCS/UNLP);
4. Daniel Lvovich (CONICET-UNGS);
5. Marina Franco (CONICET-IDAES-UNSAM);
6. Gabriela Aguila (CONICET-UNR);
7. Luciano Alonso (CESIL – UNL);
8. Ana Barletta (IDIHCS/UNLP);
9. Ernesto Bohoslavsky (CONICET -UNGS);
10. Jorge Cernadas (UBA-UNGS)
11. Patricia Flier (IDIHCS/UNLP);
12. Patricia Funes (CONICET-UBA);
13. Santiago Garaño (CONICET- UBA-UNTREF);
14. María Paula González (CONICET-UNGS);
15. Silvina Jensen (CONICET-UNS);
16. Laura Lenci (IDIHCS/UNLP);
17. Laura Luciani (CLIHOS-UNR);
18. César Mónaco (UNGS);
19. Alejandra Oberti (UBA/Memoria Abierta);
20. Alberto Pérez (IDIHCS/UNLP);
21. Luciana Seminara (CLIHOS/UNR);
22. Hernán Sorgentini (IDIHCS/UNLP);
23. Cristina Viano (CLIHOS/UNR)
24. Pablo Scatizza (UNCo)
25. Marta Philp (UNC)
26. María Laura Olivares (UNPSJB/FEHR/GIHP)
27. Lorena Julieta Martínez (UNPSJB/FEHR/GIHP)
28. Monica Gatica (FHCS – UNP)
29. Héctor Schmucler (UNC)
30. Elizabeth Jelin (CIS/CONICET/IDES)

siguen las firmas

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAr5d6o6gQBWUyeUg7aBvEq6ph-lskIEEawvwXRaXms2NmGg/viewform?c=0&w=1