Desde la Dirección y el Consejo de la Escuela de Letras de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC queremos alertar a nuestra comunidad respecto al preocupante avance del proceso judicial contra 27 estudiantes de nuestra Universidad, dos de ellas estudiantes de nuestra Escuela, por haber ocupado un edificio público durante las memorables jornadas de protesta por la educación pública en septiembre de 2018.

Así como repudiamos primero la imputación y más tarde el procesamiento, redoblamos ahora nuestro repudio contra la solicitud a elevación a juicio oral y público por parte del fiscal federal Maximiliano Hairabedián, un pedido que presentó en la causa hace pocas semanas, y al que el juez federal Hugo Vaca Narvaja dio lugar.

Todo parece indicar que el juicio se va a sustanciar. Todo parece avanzar hacia lo peor con una agilidad judicial que tanto se hace esperar en situaciones criminales sistémicas y dramáticas (hoy, emblemáticamente, femicidios amparados por la desidia judicial) y que sin embargo se acelera ante una acción política colectiva de demanda de derechos. No podemos permitir que se siente un antecedente tan brutal de criminalización de la protesta social, mucho menos en una universidad pública cuyo prestigio, que los propios juristas pretenden defender, se ampara en aquella Reforma que inauguró la toma de espacios públicos como forma legítima de ejercicio de la democracia universitaria.

A dos años y medio de los acontecimientos, y en pleno desgaste por el cansancio que la pandemia está trayendo a nuestros trabajos y nuestras vidas, debemos redoblar nuestro compromiso de un acompañamiento sostenido a les estudiantes, desde la institución y desde la comunidad toda. En vísperas de otra conmemoración del 24 de marzo en nuestro país reivindicamos el derecho a la protesta, exigimos el inmediato desprocesamiento de les estudiantes, y repudiamos todo tipo de persecución a la acción colectiva pacífica y de restricción a los derechos políticos más básicos y elementales.

Córdoba 23 de marzo de 2021